Ollanta Humala sale libre tras anular el TC su condena

El expresidente peruano Ollanta Humala recuperó la libertad la tarde del viernes 31 de julio de 2026, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la condena de 15 años de prisión que pesaba sobre él por el delito de lavado de activos agravado. El exmandatario abandonó el penal de Barbadillo, en el Cusco, por orden expresa del Poder Judicial, poniendo fin a 15 meses de reclusión que marcaron uno de los episodios más comentados de la política peruana reciente.

Una condena que se derrumba en el TC

La sentencia que Humala cumplía estaba vinculada al presunto financiamiento irregular de sus dos campañas presidenciales, la de 2006 y la de 2011, en las que la fiscalía sostenía que el partido Nacionalista había recibido aportes de origen ilícito procedentes de Venezuela y Brasil. El caso, instruido en gran parte por el Equipo Especial Lava Jato, derivó en abril de 2025 en una sentencia de 15 años de cárcel tanto para Humala como para su esposa, Nadine Heredia. Desde entonces, el exmandatario permaneció recluido en Barbadillo, el mismo penal donde ya había pasado un periodo en prisión preventiva entre 2017 y 2018.

El TC, sin embargo, determinó que existieron irregularidades sustanciales en el proceso y resolvió anular la condena, lo que obligó al sistema judicial a disponer la excarcelación inmediata del expresidente. La resolución reabre un debate que ha acompañado al caso desde su origen: hasta qué punto la actuación de los fiscales y jueces respetó las garantías del debido proceso.

”Fui secuestrado por el Estado”

Al salir de prisión, Humala no escatimó en calificativos para describir lo vivido. “Yo, mi familia y el Partido Nacionalista hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. 15 de abril del año pasado, 2025, fui secuestrado por el Estado, y después los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, declaró el exmandatario ante la prensa que lo esperaba a las puertas del penal.

El expresidente negó de manera categórica haber recibido aportes ilegales de Venezuela o Brasil para financiar sus campañas y insistió en que nunca cometió delito alguno. Según su versión, el proceso judicial no solo lo afectó a él, sino que desató una cadena de consecuencias sobre su entorno familiar más cercano: su esposa, Nadine Heredia, se vio obligada a solicitar asilo político, mientras que sus hijos debieron salir del país como resultado directo de las presiones derivadas del caso.

El regreso a Surco y las críticas al Ministerio Público

Ya en su vivienda del distrito limeño de Surco, Humala retomó sus cuestionamientos contra los fiscales que llevaron adelante la investigación. Calificó al Equipo Especial Lava Jato como “el brazo armado” del Ministerio Público, en una crítica directa a lo que considera un uso político de la persecución penal contra dirigentes de oposición. El exmandatario adelantó además que no dejará pasar por alto lo que considere nuevas irregularidades judiciales y que continuará enfrentando por la vía legal cualquier acción que estime arbitraria.

Humala fue enfático en reclamar un gesto de reparación por parte del Estado: exigió que se ofrezcan disculpas públicas tanto a su familia como al Partido Nacionalista, la agrupación que fundó y con la que llegó a la presidencia del Perú en 2011, tras una campaña que lo llevó a imponerse en segunda vuelta.

Efectos sobre el caso de Nadine Heredia

La resolución del TC no solo repercute en la situación personal de Humala, sino que abre una ventana legal para su esposa. El abogado de Nadine Heredia solicitó formalmente que los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional —que anuló la condena del expresidente— se extiendan también a ella, en la medida en que ambos fueron sentenciados en el mismo proceso y bajo los mismos fundamentos jurídicos. De prosperar ese pedido, Heredia, que actualmente se encuentra fuera del país bajo la condición de asilada, podría ver modificada su situación procesal.

Un caso que marcó una era judicial

El proceso contra Humala y Heredia se convirtió, a lo largo de casi una década, en uno de los símbolos de la lucha anticorrupción impulsada tras el estallido del escándalo Lava Jato en la región. La instrucción del caso, las prisiones preventivas sucesivas y finalmente la condena de 2025 alimentaron un intenso debate público sobre los límites entre la persecución penal legítima y lo que sectores cercanos al expresidente denunciaron como una utilización política de la justicia.

Qué sigue ahora

Con la libertad de Humala ya efectiva, los próximos pasos apuntan a dos frentes. Por un lado, el propio expresidente ha señalado que evaluará acciones legales adicionales contra quienes considera responsables de lo que llama una persecución injusta. Por otro, la solicitud presentada por la defensa de Nadine Heredia para extender los efectos de la resolución del TC deberá ser resuelta por las instancias competentes, en un proceso que previsiblemente mantendrá al matrimonio Humala-Heredia en el centro del debate político y judicial peruano en las próximas semanas.